Exdirector de la DEA demanda acción judicial contra el gobernador Rocha Moya

Derek Maltz, quien fuera director de operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA), ha lanzado un exhorto directo hacia el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que el gobierno mexicano proceda con la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta declaración surge en un contexto de creciente presión internacional respecto a las investigaciones que vinculan a figuras políticas con el crimen organizado en el país.

El exfuncionario estadounidense enfatizó que el mandatario sinaloense debe rendir cuentas ante las autoridades de Estados Unidos, argumentando la necesidad de que se esclarezcan presuntas responsabilidades en actividades ilícitas. Maltz, a través de sus canales de comunicación habituales, sostuvo que la cooperación entre ambos países es fundamental para alcanzar una resolución efectiva en los casos de alto perfil que han marcado la agenda de seguridad bilateral recientemente.

Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, mantiene una postura institucional respecto a las solicitudes de extradición y cooperación internacional. La Secretaría de Seguridad ha señalado anteriormente que cualquier proceso judicial debe seguir los cauces legales establecidos en los tratados vigentes entre México y Estados Unidos, respetando siempre la soberanía nacional y los procesos de la Fiscalía General de la República.

La situación jurídica del gobernador Rocha Moya se ha convertido en un tema central en la conversación pública mexicana. Diversos sectores políticos y sociales observan con atención cómo la administración federal gestionará esta petición, considerando el impacto que tendría cualquier acción judicial en la estabilidad política de la entidad federativa y en la relación diplomática con la administración estadounidense.

Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales por parte de la presidencia o de la FGR que indiquen una acción inmediata tras el llamado de Maltz. La atención se mantiene centrada en los protocolos de colaboración internacional y en la postura que el gobierno mexicano adopte ante las exigencias de funcionarios estadounidenses respecto a la procuración de justicia en casos de narcopolítica.