Registro en el REUS no garantiza el fin de llamadas publicitarias

El Registro Público de Usuarios (REUS), administrado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), permite a los ciudadanos restringir llamadas y mensajes publicitarios de instituciones financieras. Sin embargo, a fecha de octubre de 2026, diversos usuarios reportan que continúan recibiendo comunicaciones comerciales pese a estar inscritos en esta plataforma, lo que genera dudas sobre la efectividad del sistema y la seguridad de sus datos personales.

La persistencia de estas llamadas tras un plazo razonable de espera, que suele ser de 45 días hábiles después del registro, puede obedecer a dos razones principales: la falta de actualización de las bases de datos por parte de las instituciones o, en casos más graves, la suplantación de identidad por parte de empresas fraudulentas. La Condusef ha señalado que, cuando se trata de entidades financieras reguladas, la omisión de respetar el REUS constituye una infracción administrativa sujeta a sanciones, pero el escenario cambia drásticamente cuando los interlocutores son agentes externos que utilizan el nombre de bancos para obtener información sensible.

Especialistas en protección al consumidor recomiendan que, si las llamadas persisten, los usuarios verifiquen primero que su inscripción en el REUS esté vigente a través del portal oficial. Es fundamental que el usuario no proporcione datos personales, números de tarjetas o contraseñas a través de la línea telefónica, ya que las instituciones financieras legítimas no solicitan información confidencial mediante llamadas iniciadas por ellos mismos.

En caso de recibir constantes llamadas pese a haber ejercido el derecho de restricción, es posible presentar una queja formal ante la Condusef, aportando el número telefónico desde el cual se realizó la llamada y el nombre de la institución que supuestamente la efectuó. Asimismo, se sugiere reportar el número en las plataformas de bloqueo de llamadas de los sistemas operativos móviles y, en caso de sospecha de fraude, acudir ante la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia correspondiente por posible extorsión o uso ilícito de datos.