ONG señala retrocesos democráticos en México bajo administración de Sheinbaum
Human Rights Watch advierte una brecha entre la retórica internacional del gobierno mexicano y las condiciones internas del Estado de derecho.
La organización Human Rights Watch ha publicado un informe este martes donde posiciona a México entre las naciones con mayores retrocesos democráticos en la región. El documento subraya una marcada contradicción entre el discurso diplomático de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en foros internacionales y la realidad que enfrentan las instituciones mexicanas en el ámbito interno.
El análisis sostiene que el Poder Judicial y los organismos autónomos han experimentado presiones constantes que debilitan la independencia institucional. A pesar de que el gobierno federal ha reiterado su compromiso con los derechos humanos y la estabilidad democrática en sus comparecencias ante la comunidad global, el reporte enfatiza que los mecanismos de contrapeso en el país muestran signos claros de fragilidad.
En cuanto a la seguridad pública, la organización cuestiona la estrategia de consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según las observaciones presentadas, la militarización de tareas civiles y la persistencia de focos de violencia en diversas entidades federativas continúan siendo obstáculos críticos para el fortalecimiento del tejido democrático nacional.
Por su parte, el equipo de comunicación del Ejecutivo ha señalado en ocasiones previas que las transformaciones actuales responden a un mandato popular expresado en las urnas. La administración federal propone que los cambios en el sistema judicial y administrativo buscan una mayor eficiencia en la procuración de justicia, argumentando que las críticas externas no consideran las particularidades del contexto social y la necesidad de erradicar la corrupción heredada de años anteriores.
El informe concluye instando al Estado mexicano a alinear sus políticas públicas con los estándares internacionales de derechos humanos. La comunidad internacional permanece a la expectativa sobre cómo el gobierno de Sheinbaum abordará estas preocupaciones, especialmente en lo relativo a la protección de periodistas, activistas y la autonomía de las instituciones electorales ante los próximos procesos de evaluación democrática.
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