Mineros en Sinaloa exigen seguridad tras desapariciones y actos violentos

Representantes del sector minero en Sinaloa hicieron un llamado urgente este miércoles a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para implementar protocolos de seguridad efectivos en las zonas de extracción. La solicitud surge tras el registro de desapariciones y fallecimientos de trabajadores en diversos puntos de la entidad, hechos que han generado preocupación en las comunidades locales y entre las empresas que operan en la región. El gremio busca que los casos no se reduzcan a estadísticas y que las autoridades federales intervengan para garantizar la integridad de quienes laboran en la industria.

La industria minera sostiene que las condiciones de inseguridad han afectado las operaciones cotidianas y, principalmente, la tranquilidad de las familias de los trabajadores. Ante esta situación, los representantes del sector han planteado la necesidad de establecer mesas de diálogo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las fuerzas federales, como la Guardia Nacional, para fortalecer la vigilancia en las rutas de acceso a los centros mineros. El objetivo central es revertir el clima de violencia que ha impactado la estabilidad laboral y la seguridad física del personal.

Por su parte, el sector empresarial ha señalado que la minería representa un motor económico vital para Sinaloa, por lo que la falta de garantías de seguridad pone en riesgo la continuidad de proyectos productivos. La propuesta presentada ante el Gobierno Federal incluye un incremento en la coordinación entre los tres niveles de gobierno, buscando que la presencia de elementos de seguridad sea constante y estratégica. Se espera que las autoridades federales evalúen estas solicitudes para definir las próximas acciones de despliegue en las áreas más vulnerables.

El llamado a la justicia por parte de los familiares de las víctimas ha tomado fuerza en las últimas semanas, subrayando la urgencia de esclarecer los hechos ocurridos en la entidad. La exigencia no solo se limita a la seguridad operativa, sino también a la procuración de justicia por parte de las instancias correspondientes para evitar la impunidad. La respuesta del Gobierno Federal será determinante para definir la estrategia de atención en un estado que atraviesa momentos de alta tensión social debido a la actividad de grupos delictivos.