Comisión antimonopolio detecta falta de competencia en transporte ferroviario de carga
El organismo regulador determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en el servicio de carga ferroviaria, señalando a los principales concesionarios del país.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) determinó recientemente que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de transporte ferroviario de carga en México. Tras un análisis exhaustivo del sector, el regulador identificó que la estructura actual del mercado, concentrada en pocos operadores, limita las opciones para los usuarios y dificulta el acceso a los servicios de transporte de mercancías por vía férrea.
En su resolución, el organismo señaló directamente a las unidades de Grupo México, específicamente Ferromex y Ferrosur, así como a la unidad mexicana de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), denominada Kansas City Southern de México. Según el reporte, estas empresas mantienen una posición dominante que, a juicio de la Comisión, impide que otros competidores puedan ingresar al mercado o que las tarifas se ajusten bajo condiciones de libre mercado.
La falta de competencia efectiva ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la logística nacional. La Comisión sugiere que esta situación eleva los costos para los diversos sectores industriales que dependen del ferrocarril para mover insumos y productos terminados a través del territorio nacional, lo que impacta directamente en la cadena de suministro y en la competitividad de las empresas mexicanas.
Ante estos hallazgos, se prevé que el regulador inicie un proceso de revisión sobre los títulos de concesión y las prácticas comerciales observadas en la industria. El objetivo central de esta intervención es promover una mayor apertura en el sector y asegurar que las tarifas y la calidad del servicio se alineen con estándares internacionales de eficiencia y equidad para todos los usuarios del sistema ferroviario.
Por su parte, las empresas señaladas han manifestado que sus operaciones se rigen bajo los marcos legales vigentes y los contratos otorgados por el Estado mexicano. Se espera que en las próximas semanas los representantes legales de las compañías presenten sus argumentos ante la autoridad para aclarar las observaciones realizadas y buscar mecanismos que permitan resolver las preocupaciones planteadas por el órgano regulador en beneficio de la infraestructura nacional.
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